viernes, 1 de junio de 2012

NUEVOS BENEFICIOS A LOS CAS PODRÍAN TRAER DESPIDO MASIVO




Las entidades del Estado deberán hacer adendas a los contratos con los nuevos beneficios laborales para los trabajadores CAS.

Reacciones. Instituciones tendrían que reajustar sus presupuestos para cumplir con nuevas obligaciones y para ello optarían por recortar su personal CAS. Contratos deben tener adendas desde el lunes.

Desde el último Viernes Santo el Ejecutivo aprobó la eliminación progresiva del régimen CAS a partir del 2013 y otorgó una serie de derechos laborales a los trabajadores. Esto rige desde el sábado 7 de abril, un día después de su publicación.

Sin embargo, el milagro de derogar un sistema desde todo punto de vista abusivo no estaría consumado, pues tanto especialistas como sindicalistas consultados por La República advierten una serie de incongruencias en la nueva ley.

La norma promulgada apunta que cada entidad deberá cubrir con el presupuesto que ya tiene asignado para este año los nuevos costos laborales que implicarán estas nuevas obligaciones.

Pero según el laboralista  Ricardo Herrera, que cada entidad asuma este costo adicional no presupuestado a inicios de año afectaría en definitiva los gastos corrientes y por ende la operatividad de las instituciones.

"Lo que probablemente sea destinado para otro gasto corriente o de inversión va a tener que ser destinado a cubrir estos nuevos costos laborales del CAS", señaló.

En opinión del laboralista Jorge Toyama, el presupuesto de las entidades públicas no debe atentar contra el servicio público y que por último tendrían que pedir un crédito suplementario al Ministerio de Economía (MEF).

"Lo que no podrían hacer es  suprimir una ventanilla de atención al público, por ejemplo, porque en estos escenarios  está en la ley de presupuesto la posibilidad de pedir un crédito adicional al MEF si es que una entidad se ve en la encrucijada de reducir su atención al público para satisfacer los derechos económicos nuevos que genera el nuevo CAS", estimó.

Sin embargo, para el abogado laboralista Javier Mujica, tener gastos laborales no presupuestados significaría sacar a algunos trabajadores para cumplir con todos los beneficios de los servidores que quedan.

"Para justificar estos gastos extras las instituciones pueden encontrar distintas fórmulas. Una es racionalizar su presupuesto suprimiendo gastos superfluos para financiar los mayores desembolsos que haya que hacer como los aguinaldos; la otra es que se reduzca el número de trabajadores para, usando la misma masa de dinero, pagarles a los que queden todos los beneficios que la ley le da ahora", explicó.

Mujica consideró muy posible que vengan muchas no renovaciones de contratos para financiar con el ahorro de los que se van los mayores beneficios, aunque no son tantos de los que queden.

Olmedo Auris, vicepresidente de la CGTP, cuestionó que si la aplicación de la presente norma se financiará con dinero de cada institución, cuál de las entidades tiene dinero para financiar estos derechos en la administración pública.

"Lo adecuado hubiese sido que se le otorgue las facultades al MEF para un crédito suplementario, pero aquí no hay nada de eso. Entonces definitivamente esto no se va a cumplir y es por ello que nosotros lo tomamos como una suerte de una burla a los trabajadores", lamentó.

CONTRATOS

Los tres especialistas coincidieron en que los nuevos beneficios laborales para los CAS deben estar consignados cuanto antes en los contratos que tienen actualmente los trabajadores que laboran bajo este régimen, bien a través de una adenda o con un contrato nuevo.

Según Toyama, cabe la posibilidad de que los contratos se agoten en el plazo en que estaban previstos y sean remplazados por unos nuevos a partir del vencimiento de la fecha de los originales.

"La otra es que sean reemplazados en este momento por mandato de la ley. Yo me inclino por esta segunda situación, es decir que los contratos que estén vigentes tendrán que ser reemplazados por nuevos contratos o por adendas que modifiquen los anteriores", afirmó.

En tanto, para Ricardo Herrera,  los contratos CAS deben tener una adenda que debe firmarse inmediatamente por los trabajadores para que se incorporen todos los nuevos beneficios que les corresponde.

"Esta adenda debería colocarse a partir del día lunes, porque la ley ha sido publicada el viernes 6 de abril y entra en vigencia desde el sábado 7 y por consecuencia desde el lunes deberían estar firmándose las adendas para adecuar los contratos a los nuevos beneficios y las nuevas reglas", advirtió.

Los temores

Otro punto que no ha sido contemplado en la ley en discusión ha sido en referencia a la estabilidad laboral, en donde aún el empleador tiene la potestad de decidir si renueva  el contrato al trabajador CASo no, figura que según los analistas no aparecerá hasta que el Estado tenga listo el nuevo régimen de Servicio Civil.

Otro temor es que este nuevo CAS se convierta en permanente, pero según los expertos está en función de la celeridad con que se trabaje los lineamientos del nuevo régimen de Servicio Civil del cual aún no se conoce ciertamente nada.

  
Quitaron la indemnización por despido

En el dictamen aprobado por minoría en el Congreso de la República se contemplaba aun que el trabajador despedido antes de la culminación de su contrato recibía una indemnización de hasta tres meses. Sin embargo, en la ley aprobada por el Ejecutivo no se incluye.

Según el laboralista Germán Lora, esto se debe a que justamente se estaría buscando que las instituciones cumplan con los periodos de los contratos, y una vez culminados analizar si renuevan o no los contratos a los trabajadores CAS.

"La idea de la norma es esperar que los contratos venzan y no extinguirlos antes de su vencimiento, es decir, que no haya un mecanismo para cesarlos antes", explicó el especialista.

"Los trabajadores CAS que no se les renueve su contrato no van a ser indemnizados porque justamente la causal es la extinción del contrato, nunca va a haber indemnización en ese caso", añadió Lora.

En cifras
3 meses en promedio se renuevan los contratos CAS.
S/. 700 millones al año hubiera costado pasar a todos los CAS a la planilla del Estado.

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